La Cámara de Diputados del Chaco aprobó este miércoles 26 de agosto la denominada Ley de Reiterancia, una reforma al Código Procesal Penal provincial que busca darle mayor peso a la existencia de múltiples procesos penales abiertos al momento de resolver medidas restrictivas de la libertad y prisiones preventivas.
La iniciativa fue sancionada tras una sesión en la que el tema ocupó el centro del debate y estuvo atravesado por fuertes cruces entre oficialismo y oposición respecto de la inseguridad, el funcionamiento de la Justicia y las responsabilidades de las distintas gestiones.
La norma fue aprobada por 27 votos positivos, 2 abstenciones y uno en contra.
La reforma modifica los artículos 276 y 289 de la Ley 965-N e incorpora un nuevo artículo 289 bis, con una regulación específica del denominado "peligro de reiterancia delictiva".
La iniciativa tuvo como proyecto cabecera una propuesta presentada por el entonces diputado Carim Peche, a la que posteriormente se acumularon proyectos de Francisco Romero Castelán, Zulema Wannesson, Juan José Bergia, Iván Gyoker, Carlos Salom, Silvina Canteros Reiser y Mariela Quirós.
Uno de los puntos centrales es que establece una definición más precisa de la reiterancia: se configura cuando una persona se encuentra imputada en una causa penal y, al mismo tiempo, posee otro u otros procesos en los que también fue formalmente imputada. Esto significa que no es necesario que exista una condena firme anterior, una de las principales diferencias con la reincidencia.
¿Qué cambia con la Ley de Reiterancia?
La reiterancia no era una figura completamente ajena a la legislación chaqueña. El artículo 289 del Código Procesal Penal ya contemplaba la "reiteración de actividad delictiva" entre las circunstancias que podían ser consideradas para determinar la existencia de peligro de fuga o entorpecimiento de una investigación. La nueva ley, sin embargo, define con mayor precisión cuándo existe reiterancia y amplía su utilización al momento de evaluar medidas de coerción.
La reforma del artículo 276 incorpora este elemento entre los factores a considerar cuando se analiza una restricción a la libertad, mientras que los cambios en el artículo 289 alcanzan directamente los supuestos en los que puede disponerse una prisión preventiva.Además, el nuevo artículo 289 bis incorpora una serie de circunstancias que podrán ser valoradas por los magistrados, entre ellas la existencia de otros procesos pendientes o condenas anteriores, antecedentes de rebeldía o pedidos de captura, incumplimientos de restricciones judiciales, la conducta del imputado en otras causas y las características del hecho investigado.
También podrán considerarse aspectos como el uso de armas, la violencia desplegada, la participación de varias personas o el suministro de datos falsos sobre la identidad.
Sin embargo, la reiterancia no implica que una persona con dos causas abiertas deba quedar automáticamente detenida. La prisión preventiva continuará requiriendo una decisión judicial fundada y la valoración de las circunstancias particulares del caso.
La "puerta giratoria"
El oficialismo convirtió la aprobación de la ley en uno de los principales ejes de su política de seguridad y sostuvo durante las últimas semanas que la modificación permitirá dar respuestas ante personas que son detenidas, recuperan la libertad y vuelven a quedar involucradas en hechos delictivos.
Durante la sesión, el diputado Iván Gyoker aseguró que se trataba de una demanda de la ciudadanía. "Es uno de esos días en que es un honor formar parte de la legislatura. Es un tema pedido por la ciudadanía, la gente hablando de la puerta giratoria en la justicia. Hoy tenemos la posibilidad de resolver esto", sostuvo.
El legislador afirmó además que, según datos expuestos durante el debate, el 85% de los delitos cometidos en el Gran Resistencia son protagonizados por personas en situación de reiterancia y que el tiempo promedio para que vuelvan a ser detenidas es de 49 días.
También señaló que un tercio vuelve a ser detenido en menos de 30 días y aseguró que durante el último año y medio se registraron casos de personas con más de diez detenciones.
La oposición acompañó, pero marcó diferencias
Desde la oposición cuestionaron la forma en que el Gobierno instaló públicamente el debate y remarcaron durante la sesión que la reiterancia ya estaba contemplada en el Código Procesal Penal.
El diputado Nicolás Slimel negó que su espacio se hubiera opuesto a discutir la iniciativa y aseguró que existían conversaciones previas para avanzar con su tratamiento. "Nunca hemos manifestado nuestra oposición a este proyecto sino todo lo contrario, queremos que sea algo que le pueda servir a la ciudadanía", expresó.
Slimel también remarcó que el artículo 289 vigente ya hacía referencia a la reiteración delictiva y advirtió que una modificación legislativa no será suficiente por sí sola para solucionar los problemas de inseguridad. "La ley sola no alcanza. La seguridad es mucho más amplia: necesitamos fiscales con recursos y policías bien remunerados", sostuvo.
Durante el debate también se produjeron cruces por la responsabilidad política sobre la situación de la seguridad. La presidenta de la Cámara de Diputados, Carmen Delgado, defendió las medidas adoptadas desde el inicio de la gestión de Leandro Zdero y afirmó: "Nos hacemos cargo porque fuimos nosotros quienes sacamos la delincuencia de las calles. La inseguridad empezó a combatirse el 10 de diciembre de 2023".
El aspecto constitucional
La reforma generó cuestionamientos de sectores vinculados con el ámbito jurídico y de organismos de derechos humanos, principalmente por la posibilidad de que procesos todavía abiertos y sin condena firme tengan mayor incidencia al decidir una prisión preventiva.
El debate gira alrededor del principio de inocencia: una persona puede encontrarse imputada en más de una causa sin haber sido declarada culpable en ninguna de ellas. También hubo advertencias respecto del posible impacto de una mayor recarga de la prisión preventiva sobre el sistema penitenciario y las comisarías de la provincia.