La Casa Rosada decidió ralentizar el proceso ante el rol clave que tiene la empresa en la logística electoral.
El Gobierno nacional decidió poner en pausa el proceso para concesionar el Correo Argentino ante la cercanía de las elecciones de 2027 y el papel central que cumple la empresa en la organización logística de los comicios.
En la Casa Rosada reconocen que el proyecto sufrió demoras y que ya no forma parte de las prioridades inmediatas del programa de privatizaciones, aunque los equipos técnicos continúan trabajando sobre posibles alternativas.
La principal dificultad está relacionada con las funciones electorales del Correo, encargado del despliegue y repliegue de urnas y documentación, la transmisión de telegramas y otras tareas fundamentales durante cada elección nacional.
El Ejecutivo considera que iniciar ahora una licitación y avanzar hacia un eventual cambio de operador podría superponerse con la preparación de los comicios de 2027.
La preocupación se incrementa ante la posibilidad de que se realicen nuevamente las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), una cuestión que todavía permanece abierta mientras el Gobierno impulsa cambios en materia electoral.
"No es prioritario", sintetizan desde sectores oficiales.
Si bien los trabajos técnicos continúan, por el momento no existe una fecha estimada para realizar el llamado a licitación.
La decisión implica un cambio respecto de la hoja de ruta que el Gobierno manejaba a comienzos de 2026, cuando esperaba tener avanzado el proceso durante el primer trimestre del año.
El esquema que analiza el Ejecutivo no contempla, en principio, vender las acciones del Correo Argentino, sino volver a concesionar la explotación del servicio postal.
El antecedente se remonta a 2003, cuando el Estado rescindió la concesión privada. Un año más tarde se creó el Correo Oficial de la República Argentina como sociedad estatal, bajo un esquema que debía mantenerse hasta una eventual nueva privatización del servicio.
A diferencia de otras empresas incluidas en el programa oficial, la situación del Correo presenta una particularidad: su participación directa en la organización electoral.
El Código Electoral asigna tareas específicas a sus trabajadores vinculadas al traslado de urnas, documentación y telegramas una vez finalizada la votación.
En las elecciones legislativas de 2025, además, la sede central del Correo fue utilizada para realizar pruebas de transmisión y recuento, mientras la compañía participó de otras tareas relacionadas con la jornada electoral.
Una de las alternativas bajo estudio sería avanzar con parte del proceso licitatorio y adjudicar la concesión, pero establecer que el nuevo operador tome posesión recién después de las elecciones de 2027.
Sin embargo, desde el Gobierno todavía no confirman que esa opción haya sido elegida ni que exista una decisión definitiva para continuar bajo ese mecanismo.
Remarcan que el proceso no está cancelado, aunque actualmente no trabajan con el objetivo de concretarlo antes de los próximos comicios.