Los fiscales federales Patricio Nicolás Sabadini y Ruth Hilgenberg, de la Unidad Fiscal Resistencia, presentaron una contundente acusación formal contra ocho integrantes de la Policía del Chaco y solicitaron la apertura de un juicio oral por el presunto robo de casi 9,5 kilos de cocaína que debían ser incinerados en un procedimiento oficial en diciembre de 2025.

La presentación, realizada el 1 de septiembre de 2026 en los términos del artículo 274 del Código Procesal Penal Federal, sostiene que los agentes participaron de una maniobra organizada para sustraer estupefacientes durante una quema llevada a cabo el 18 de diciembre de 2025 en el Polígono de Tiro de la Policía del Chaco, ubicado en Colonia Benítez.

Las penas solicitadas

Por la gravedad de los hechos y por tratarse de funcionarios policiales vinculados a la lucha contra el narcotráfico, la Fiscalía solicitó penas de prisión de cumplimiento efectivo para todos los acusados:

ImputadoPena solicitadaCargos
Rubén Héctor César Alegre (comisario)15 añosOrganizador de la maniobra. Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por funcionario público, en concurso real con peculado.
Franco Andrés Ramírez (subcomisario)12 añosCoautor de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada y peculado.
Gustavo Andrés Quizama (cabo primero)11 añosCoautor de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada y peculado.
Néstor Ariel Urne Canteros (cabo)11 añosCoautor de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada y peculado.
Juan Nicolás Almirón Núñez (cabo primero)11 añosCoautor de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada y peculado.
Gustavo Jesús Acosta (sargento)8 añosCoautor de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada y peculado.
Gastón Ezequiel Villalba (cabo)8 añosCoautor de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada. No se le atribuye peculado por no encontrarse físicamente en el predio.
Francisco Lucas Leonel García (cabo primero)8 añosCoautor de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada. No se le atribuye peculado por no encontrarse físicamente en el predio.

Además de las penas, los fiscales solicitaron el decomiso definitivo de los teléfonos celulares utilizados para coordinar la maniobra, del dinero en efectivo secuestrado y la destrucción de la cocaína que permaneció como remanente del procedimiento.

El hallazgo de la irregularidad

El procedimiento contaba con la presencia de autoridades judiciales y del Poder Ejecutivo provincial y tenía como objetivo la destrucción de distintos cargamentos de droga secuestrados en causas judiciales. Según la acusación, se habría intentado sustraer 9,490 kilos de cocaína, cuyo valor estimado en el mercado sería de unos 142.350 dólares.

La situación fue advertida por el secretario penal del Juzgado Federal Nº 2, quien observó movimientos sospechosos por parte de Quizama y Ramírez mientras trasladaban una de las cajas de telgopor que contenía estupefacientes desde la mesa de pesaje hacia una camioneta policial Toyota Hilux, identificada como móvil PT-308.

El funcionario observó gesticulaciones e intercambios entre ambos agentes y advirtió que abrieron y cerraron una de las puertas traseras del vehículo, perdiendo de vista durante unos instantes la caja con droga. Ante la sospecha, ordenó que la caja regresara para ser pesada nuevamente. Los agentes inicialmente hicieron caso omiso, subieron a la camioneta y avanzaron algunos metros, pero finalmente fueron obligados a detenerse. El segundo pesaje arrojó una diferencia significativa: el cargamento había pasado de 8,700 kilos a 7,585 kilos.

La requisa y los ladrillos de yeso

A partir de esa situación se realizó una requisa de urgencia en la camioneta oficial. Allí, según la Fiscalía, fueron encontrados varios ladrillos de cocaína ocultos debajo de los asientos del conductor y del acompañante, además de uno que estaba dentro de la mochila de Almirón Núñez. En total, se hallaron nueve ladrillos de cocaína que habían sido ocultados dentro del vehículo.

Pero la investigación incorporó otro elemento que, para los fiscales, demostraría que no se trató de una maniobra improvisada. En la mochila de Urne Canteros encontraron un ladrillo de yeso con características similares a los panes de cocaína. Para la acusación, esos bloques estaban destinados a reemplazar los paquetes de droga durante la incineración y así evitar que las diferencias fueran detectadas durante los pesajes.

Chats y escuchas: la planificación previa

La acusación también se basa en el análisis de teléfonos celulares y comunicaciones entre los policías. Uno de los elementos clave es un audio enviado por Quizama el día anterior al procedimiento, en el que habría expresado: "voy a ver cuánto puedo manotear, y después me ubica vos ¿cuánto está ahora?".

También aparece un grupo de WhatsApp denominado "Los laaaaaru laaaaaru". Según la Fiscalía, minutos antes de la quema, Villalba habría advertido a los demás integrantes sobre la utilización de los bloques de yeso y les habría escrito: "Te dije hdmil lleva cinta".

Por otra parte, la investigación señala que García, conocido como "Black", habría coordinado con Almirón Núñez, un día antes del operativo, la búsqueda de un comprador para la droga que pretendían sustraer. En ese intercambio habría respondido: "al toque, al toque... un pasamano de una".

El rol central del comisario Alegre

Para los fiscales, el comisario Rubén Héctor César Alegre habría tenido un papel central en la organización de la maniobra. Alegre era jefe de la División Operaciones Metropolitana y, según la acusación, tenía acceso a la Sala de Secuestros. La Fiscalía sostiene que seleccionó a agentes de su confianza para participar del operativo e incluso habría realizado cambios en la conformación del personal para incorporar a determinados policías.

Además, los investigadores consideran que habría dispuesto que el pesaje de los cargamentos más importantes se realizara hacia el final de la jornada, cuando las condiciones climáticas y el cansancio podían favorecer la maniobra. La acusación también menciona peritajes sobre comunicaciones telefónicas que revelarían otros vínculos de Alegre con vendedores de drogas y el supuesto cobro de dinero a cambio de "liberar zonas".

Con la presentación de la acusación, la Fiscalía busca que la causa avance hacia la instancia de juicio oral, donde deberán analizarse las pruebas y determinarse la responsabilidad penal de los ocho policías acusados.