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El gobernador Jorge Capitanich ratificó este jueves el apoyo del Chaco al proyecto de ley de financiamiento de las industrias culturales mediante plataformas digitales, que busca que los sistemas extranjeros tributen en el país, y así generar recursos para financiar la cultura nacional.
La iniciativa fue expuesta en la primera asamblea del Consejo Federal de Cultura, realizada el 19 de abril en Buenos Aires, y presentada en la Casa de Gobierno por sus principales impulsores, entre ellos el diputado nacional por Córdoba, Pablo Carro.
El proyecto propone igualdad de condiciones tributarias para las plataformas nacionales de streaming frente a las extranjeras.
Según se informó, "esta regulación mejora la competitividad de grandes y pequeñas productoras y amplía la oferta laboral de miles de artistas en general, actores, músicos, periodistas, creadores, productores y técnicos argentinos".
"El derecho a la cultura tiene que ser un derecho donde el Estado cumpla un rol fundamental, para financiarlo y subsidiarlo. Es parte de la alimentación del espíritu, sin lo cual no se puede sobrevivir en un mundo tan complejo y cambiante como este", expresó Capitanich, y anticipó que llevará el proyecto a la próxima asamblea de gobernadores del Norte Grande.
Asimismo, el gobernador sostuvo que "la industria cultural es clave en el país: tiene hoy el tres por ciento del producto bruto interno y genera más de 500 mil empleos, con una gran cadena productiva que incluye a trabajadores de diferentes sectores".
Además, aseguró que es posible generar las condiciones de vinculación del mercado de capitales con el sistema financiero para generar un mecanismo de financiamiento para la producción audiovisual.
DETALLES DEL PROYECTO
Desde el Gobierno indicaron que la iniciativa establece que los prestadores de servicios audiovisuales de libre transmisión disponibles en la red de internet abierta, que operen o comercialicen servicios en Argentina, tributen un gravamen proporcional a su facturación bruta correspondiente a publicidad tradicional y no tradicional, abonos y todo otro concepto derivado de la explotación de dichos servicios: del 3% para el caso de servicios extranjeros y del 1,5 % para el caso de servicios nacionales.
El 70% del total de lo recaudado sería destinado por la autoridad de aplicación a co-financiar proyectos de producción audiovisual nacionales y el 30% restante a desplegar proyectos de inversión de infraestructura en localidades que cuenten con servicios de banda ancha con velocidades de transmisión como mínimo dos veces más lenta que el promedio nacional.
En esa línea, Capitanich afirmó que "eso significa descentralizar estrategias de constitución de polos audiovisuales para que tengan un sentido federal", y consideró que "emprendimientos de esta naturaleza nos pueden permitir acrecentar el volumen de empleo, porque es una cadena de valor extraordinaria".
Así, defendió la idea de fijar un gravamen a las plataformas "ya que el Estado argentino debe tener capacidad regulatoria que ponga límites al afán corporativo y que garantice distribución de ingresos para construir una sociedad abierta, plural y democrática, con distribución equitativa del ingreso".
"Las corporaciones se apropiaron de los vectores de construcción de identidad y al haber concentración mediática no hay pluralismo ni democracia", afirmó Capitanich, y agregó: "Eso se resuelve generando conciencia a través de la creatividad de los contenidos audiovisuales, con una cultura abierta con promoción de valores identitarios".
Por último, bregó para que el tratamiento en el Congreso de la Nación avance rápidamente porque "cada día que se pierde es trabajo que no se genera".
Por su parte, el diputado nacional Pablo Carro indicó que en el país la cultura es "el sexto agregador de valor en la cadena productiva económica, pero actualmente los recursos son escasos".
"La forma en la que miramos películas y escuchamos música cambió, lo hacemos a través de plataformas de streaming, que son empresas trasnacionales que venden un servicio a la Argentina, a quienes pagamos en dólares pero no pagan impuestos", detalló, y por eso el objetivo es encuadrarlas como un servicio de comunicación audiovisual.
"Así vamos a lograr que tributen en el país y generar fondos para la cultura", explicó Carro, y agregó que además se les podrá exigir que cumplan con la ley para que haya cuota de pantalla, con producción y estrenos nacionales y de productoras independientes.
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