La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió este viernes suspender de manera provisoria la derogación de la Ley de Tierras dispuesta por el Gobierno nacional a través del DNU 70/2023 y restableció las restricciones para la adquisición de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras. La decisión fue adoptada mediante una medida cautelar interina, por lo que no constituye una resolución definitiva sobre la constitucionalidad de la norma.

El fallo contó con los votos de los jueces Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, junto con los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci, mientras que Carlos Rosenkrantz votó en disidencia. La convocatoria a conjueces se debió a la falta de unanimidad entre los miembros del tribunal.

La medida responde a un planteo de la Asociación Civil Árbol de Pie, comunidades indígenas y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda, quienes solicitaron que se aclarara si el fallo de la semana pasada implicaba también un rechazo a un amparo presentado contra la ley de tierras. La Corte devolvió la causa al juzgado federal de Bariloche para que se discuta la legitimación de las partes y se examine la solicitud de medida cautelar, pero mientras tanto dispuso suspender los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023.

El tribunal argumentó que el planteo aborda "asuntos concernientes a la tutela del daño ambiental" y consideró necesario dictar la medida interina para garantizar la protección judicial efectiva y prevenir eventuales perjuicios irreparables.

La Ley 26.737, sancionada en 2011, establece límites a la propiedad de tierras rurales en manos extranjeras. Entre sus principales disposiciones, fija un máximo del 15% de titularidad extranjera sobre las tierras rurales del país, así como límites específicos por provincia y municipio o departamento. También impide que una misma nacionalidad concentre más del 30% de ese cupo y establece restricciones sobre la superficie que puede adquirir un mismo titular extranjero.

Con la nueva resolución de la Corte, las restricciones vuelven a tener efecto de manera provisoria mientras continúa el tratamiento judicial de la controversia. La decisión también representa un alivio para el Gobierno nacional, que buscaba desactivar la iniciativa opositora de derogar el DNU 70/2023 en su totalidad en una sesión especial prevista para el próximo jueves 15 de octubre.