El Gobierno nacional y Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000) cerraron la renegociación de la concesión que administra los principales aeropuertos del país. El nuevo acuerdo extiende el contrato hasta el 13 de febrero de 2049 y establece nuevas obligaciones de inversión para la compañía, que opera 35 terminales aéreas y concentra alrededor del 90% del tráfico aéreo nacional.
La empresa, controlada por el Grupo Corporación América del empresario Eduardo Eurnekian, había solicitado inicialmente una prórroga de 40 años, que hubiera extendido el vínculo hasta 2078. Finalmente, el análisis técnico, económico y financiero del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) determinó una extensión de 11 años respecto del vencimiento previsto para 2038. El acuerdo fue oficializado mediante la Decisión Administrativa 27/2026 publicada en el Boletín Oficial, firmada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo.
Inversión y condiciones para extender hasta 2056
El convenio establece que AA2000 deberá realizar una inversión directa adicional de 600 millones de dólares, IVA incluido, que se sumarán a los 606 millones ejecutados entre 2021 y 2026. Para acceder a los siete años adicionales de prórroga, la empresa deberá cumplir dos condiciones concretas.
La primera exige que, antes del 30 de junio de 2027, AA2000 demuestre mediante un informe de una firma de auditoría internacional de primer nivel que dispone de los fondos necesarios para afrontar esa inversión. La segunda establece que el 75% de las obras correspondientes deberá estar finalizado antes del 31 de diciembre de 2031. El ORSNA será el organismo encargado de verificar el cumplimiento de ambos requisitos.
Según se informó, la inversión se destinará a infraestructura comercial y entre los proyectos con mayores probabilidades de concretarse se destaca la construcción de una nueva terminal internacional de arribos en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. A diferencia del esquema tradicional, estos recursos no formarán parte del fondo fiduciario alimentado por el canon que la concesionaria abona al Estado, que actualmente representa el 15% de sus ingresos totales.
Rentabilidad de referencia y rechazo al RIGI
Uno de los puntos centrales de la negociación fue la Tasa Interna de Retorno (TIR) utilizada como referencia para recomponer el equilibrio económico-financiero de la concesión. AA2000 pretendía una tasa cercana al 17%, vinculada al riesgo país, y buscaba que ese porcentaje funcionara como una obligación contractualmente exigible al Estado. Finalmente, el acuerdo fijó una TIR de referencia del 14,30%, sin mecanismos que permitan su incremento automático.
La empresa también había solicitado incorporar al acuerdo un tratamiento especial bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para las obras previstas en su plan de inversión. Esa pretensión no fue aceptada por el Gobierno.
Fin de la disputa judicial y excusación de Milei
La renegociación incluye además el cierre de la demanda judicial que AA2000 había iniciado en 2023 contra el Estado por la supuesta distorsión de la ecuación económico-financiera del contrato. Como parte del acuerdo, la compañía deberá desistir de esa acción y ambas partes se comprometieron a no realizar nuevos reclamos vinculados con ese conflicto. También acordaron renunciar a reclamos mutuos por los perjuicios ocasionados a partir de la pandemia, con excepciones específicas para revisiones de inversiones de períodos anteriores.
En paralelo, el presidente Javier Milei se excusó de intervenir en todos los asuntos, trámites y expedientes vinculados a AA2000, su grupo controlante, accionistas o sociedades relacionadas, debido al vínculo profesional que mantuvo en el pasado con Corporación América. La decisión, fundamentada en razones de decoro y delicadeza, dejó la competencia en manos de la Jefatura de Gabinete. El objetivo declarado fue preservar la confianza pública en la imparcialidad de las decisiones de gobierno.
De esta manera, AA2000 continuará administrando la concesión hasta 2049 bajo un nuevo marco de obligaciones, con posibilidad de extenderla hasta 2056 si cumple con los requisitos de inversión establecidos.