El Gobierno del Chaco dispuso la cesantía de un empleado del Ministerio de Salud que permaneció aproximadamente ocho años sin asistir a su lugar de trabajo, pese a continuar percibiendo sus haberes. La medida fue oficializada mediante el Decreto N° 2421/2026, firmado por el gobernador Leandro Zdero el 15 de octubre.

Se trata de G.A.N., quien integraba la planta permanente del Hospital de Las Garcitas y, según la investigación administrativa, dejó de cumplir sus funciones el 1 de septiembre de 2016. Sin embargo, los registros oficiales determinaron que continuó cobrando su salario normalmente hasta enero de 2024.

De acuerdo con el documento oficial, el agente pertenecía a la categoría profesional y percibía bonificaciones por título universitario, riesgo de salud y dedicación exclusiva.

Cómo se descubrió la situación

El caso tuvo su origen en una inspección realizada en noviembre de 2021 por el entonces Ministerio de Desarrollo Social, en un inmueble de Las Garcitas donde funcionaba una residencia para adultos mayores sin la habilitación correspondiente. Durante ese procedimiento, las autoridades constataron que G.A.N. figuraba como encargado del establecimiento, que funcionaba en una propiedad de su pertenencia.

A raíz de las irregularidades detectadas, se ordenó la clausura del lugar y la reubicación de ocho adultos mayores que permanecían alojados allí. Posteriormente, en el marco de las actuaciones administrativas, la Dirección del Hospital de Las Garcitas informó que G.A.N. no prestaba servicios desde septiembre de 2016 y que tampoco existían documentos que acreditaran un traslado, afectación o transferencia a otra dependencia.

Pese a ello, un informe de Recursos Humanos del Ministerio de Salud, fechado el 5 de enero de 2024, confirmó que el trabajador continuaba percibiendo sus haberes mensualmente.

La investigación que terminó en la cesantía

Ante estas irregularidades, en 2024 se inició un sumario administrativo y se dispuso la retención preventiva de los salarios del agente. Durante el procedimiento, el investigado fue convocado a prestar declaración indagatoria, aunque optó por abstenerse. Posteriormente, presentó su defensa por escrito.

Sin embargo, la investigación concluyó que no había cumplido con su obligación de asistir al trabajo, registrar sus ingresos y egresos ni respetar la carga horaria establecida. Según los fundamentos del decreto, el empleado tampoco presentó pruebas que justificaran las circunstancias que, de acuerdo con su defensa, le habrían impedido desempeñar sus funciones durante ese período.

La Dirección de Sumarios recomendó aplicar la sanción de cesantía, criterio que posteriormente fue respaldado por la Asesoría General de Gobierno. Finalmente, el Ejecutivo provincial resolvió apartarlo de la administración pública por incumplimiento de los deberes establecidos en el Estatuto para el Personal de la Administración Pública Provincial y en el régimen de licencias.

Investigarán cómo pudo cobrar durante ocho años sin trabajar

Uno de los puntos centrales del decreto es la advertencia sobre las deficiencias en los mecanismos de supervisión del Estado. El documento señala la existencia de severas fallas en los controles internos, en el seguimiento de la asistencia y en la certificación de servicios, que habrían permitido que el agente continuara cobrando pese a sus inasistencias.

Por este motivo, el Gobierno ordenó al Ministerio de Salud iniciar una investigación para establecer las posibles responsabilidades administrativas y patrimoniales de directivos, jefes de personal y funcionarios que intervinieron en la liquidación de haberes entre septiembre de 2016 y enero de 2024.

La investigación deberá determinar por qué no se informaron las ausencias y si existió negligencia grave o connivencia por parte de quienes debían controlar la situación. Asimismo, se instruyó a Recursos Humanos a determinar si existen montos que deban ser restituidos al Estado y, de corresponder, iniciar los mecanismos necesarios para recuperar el dinero. También se dispuso dar intervención al Tribunal de Cuentas y a la Fiscalía de Estado, que podrá promover las acciones legales correspondientes si las gestiones extrajudiciales no prosperan.

También investigarán el funcionamiento de una residencia sin habilitación

Por otra parte, el decreto ordenó al Ministerio de Desarrollo Humano avanzar con una investigación relacionada con la residencia para adultos mayores que funcionaba sin autorización en una propiedad vinculada al agente.

Según las actuaciones, el establecimiento operaba desde 2017 y contaba con once trabajadores, entre ellos cinco enfermeros. Los residentes abonaban una suma mensual que variaba según cada caso. La documentación también señala que, después de la clausura, la residencia volvió a funcionar en la vivienda de una hermana de G.A.N., situación que motivó una nueva intervención administrativa en marzo de 2022.

De esta manera, la cesantía quedó formalizada, mientras que las investigaciones sobre las responsabilidades de otros agentes estatales, la recuperación de los haberes y el funcionamiento de la residencia deberán continuar conforme a lo dispuesto por el Ejecutivo provincial.