El Tribunal Oral Federal (TOF) de Resistencia dispuso el levantamiento definitivo de la totalidad de los embargos, inhibiciones generales de bienes y medidas cautelares que pesaban sobre la exintendenta de Resistencia, Aída Máxima Beatriz Ayala, y otros cinco imputados en la causa conocida como "Lavado II".

La resolución fue firmada por los jueces Juan Manuel Iglesias, Enrique Jorge Bosch y Osvaldo Alberto Facciano y se dictó este martes 29 de septiembre. Además de Ayala, la medida alcanza a Daniel Alejandro Fischer, Carlos Secundino Huidobro, Luis Escobar, Alfredo Eulalio Bouza y Patricia Noemí Vázquez.

Restitución de bienes

El fallo ordena la inmediata restitución a los interesados del universo de bienes muebles, inmuebles y documentación secuestrada en el marco del proceso, conforme al inventario e individualizaciones obrantes en el legajo judicial. La entrega deberá realizarse mediante un inventario y un acta de entrega, tomando como referencia las actas realizadas al momento de los secuestros.

La decisión también alcanza a las empresas que se encontraban bajo administración e intervención judicial —como RECIFIS SRL y DAFSA SA—, cuyos interventores y veedores cesarán en sus funciones una vez concretada la entrega de los bienes.

Para agilizar los trámites ante el Banco Central de la República Argentina (BCRA), el Registro de la Propiedad Inmueble y el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, el tribunal delegó en los abogados defensores —entre ellos Olga Mongelós, Juan Carlos Saife, Zacarías Issolio, Adrián Gaitán y Aldo Sánchez— la confección y diligenciamiento de los oficios correspondientes.

El fundamento del tribunal

La resolución se dictó en estricto acatamiento a lo dispuesto por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que había dejado sin efecto las medidas cautelares oportunamente dictadas.

Los magistrados del TOF explicaron que, al haberse dictado la absolución de los imputados en la instancia ordinaria, las restricciones sobre el patrimonio carecen de causa jurídica y pierden su razón de ser. En sus fundamentos, señalaron que la extensión indefinida de estas medidas afecta garantías constitucionales como el derecho de propiedad, la libertad de contratación y el principio de inocencia.

Asimismo, el tribunal desestimó el planteo del Ministerio Público Fiscal para mantener vigentes las restricciones mientras tramita un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). Al respecto, el TOF remarcó que la mera interposición de un recurso de queja ante la Corte no otorga un efecto suspensivo automático sobre las decisiones liberatorias adoptadas por el tribunal superior.

El estado de la causa

La causa "Lavado II" se tramitó durante más de siete años. En mayo de 2024, el TOF de Resistencia había condenado a Aída Ayala a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de fraude en perjuicio de la administración pública, mientras que la había absuelto por lavado de activos.

Posteriormente, en octubre de 2025, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal revocó esa sentencia, anuló las condenas y absolvió a la exintendenta y a los demás acusados. La decisión de Casación también dejó sin efecto las medidas que impedían la restitución de los bienes secuestrados durante la investigación.

Actualmente, la Fiscalía mantiene una presentación ante la Corte Suprema, mientras que el Tribunal Oral Federal avanza con el cumplimiento de las decisiones de Casación.