La crisis financiera desatada por la intervención de Ueno Bank sumó este martes un nuevo y vertiginoso capítulo político en Paraguay. El presidente Santiago Peña solicitó formalmente la renuncia del titular del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, luego de que el organismo dispusiera el procedimiento de resolución de la entidad financiera por graves problemas de solvencia que dejaron a millones de clientes sin acceso a sus cuentas.

A través de un mensaje público, Peña confirmó que había pedido la salida de Carvallo y anunció un acuerdo con los presidentes de ambas cámaras del Congreso Nacional para impulsar un proyecto de ley de tratamiento urgente. La iniciativa busca autorizar el uso del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) para acelerar la devolución del dinero a los ahorristas y contempla, además, garantizar los recursos públicos, los fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) y los pertenecientes a otras cajas jubilatorias estatales.

El mandatario sostuvo que se trata de una situación particular de una entidad financiera y no de una crisis generalizada del sistema bancario nacional, al tiempo que reclamó que quienes resulten responsables respondan ante la Justicia.

La crisis se profundizó luego de que el Directorio del BCP resolviera iniciar el procedimiento de resolución de Ueno Bank. La medida fue adoptada tras detectar que el índice de solvencia de la entidad había caído por debajo del 50% del mínimo requerido, luego de ajustes realizados durante el proceso de regularización. El mecanismo, que busca proteger a los depositantes y preservar la estabilidad financiera, dejó temporalmente suspendidos todos los servicios de la entidad: la aplicación móvil, las tarjetas de crédito y débito, los cajeros automáticos y la banca en línea dejaron de funcionar.

La renuncia de Carvallo, quien antes de asumir la conducción del BCP en 2023 había estado al frente de la financiera que luego se convirtió en Ueno Bank, añadió un elemento de fuerte sospecha sobre un posible conflicto de intereses en la supervisión del sistema financiero.

Mientras el Gobierno intenta contener las consecuencias financieras del escándalo, la oposición anunció que buscará avanzar con un juicio político contra Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana. El senador Rafael Filizzola confirmó que trabajan en un borrador de acusación y mantienen conversaciones con distintos sectores políticos para reunir los votos necesarios en el Congreso.

Los legisladores también anticiparon que presentarán una denuncia ante el Ministerio Público contra las autoridades del Banco Central, con el objetivo de investigar posibles responsabilidades penales por acciones u omisiones en las tareas de regulación, fiscalización y supervisión del sistema financiero.

Entre los principales cuestionamientos de la oposición aparece la exposición de fondos públicos y previsionales en Ueno Bank. El Instituto de Previsión Social (IPS) tendría alrededor de 355 millones de dólares depositados en la entidad, además de los fondos correspondientes a unos 32.000 jubilados. Esta situación colocó a los ahorros de los sectores más vulnerables en el centro de la tormenta política y financiera, y se convirtió en el principal argumento para exigir responsabilidades tanto al Ejecutivo como a las autoridades regulatorias.

La crisis de Ueno Bank no solo expuso las vulnerabilidades de un modelo de crecimiento acelerado en el sistema bancario paraguayo, sino que desnudó las tensiones políticas e institucionales que amenazan con desestabilizar al gobierno de Santiago Peña a menos de dos años de asumir.