El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió este viernes que la investigación contra Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito cambie de rumbo. En un dictamen de 38 páginas, el funcionario judicial concluyó que no existen pruebas suficientes para sostener que el exjefe de Gabinete se enriqueció de manera ilegal durante su paso por la función pública, pero advirtió que persisten indicios de posibles delitos tributarios, por lo que solicitó remitir el expediente a la Justicia Nacional en lo Penal Económico.
La causa se originó a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano y estuvo a cargo de Pollicita, quien investigó la evolución patrimonial de Adorni entre el 14 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026, período en el que se desempeñó primero como vocero presidencial y luego como jefe de Gabinete. Durante la pesquisa, la Fiscalía detectó gastos por 402.578 dólares, de los cuales 374.081 dólares fueron abonados en efectivo, además de una diferencia de aproximadamente 43 millones de pesos entre los ingresos comprobados y las erogaciones del matrimonio.
Ante la intimación para justificar su patrimonio, Adorni sostuvo que el origen de los fondos estaba en una inversión en Bitcoin realizada entre 2014 y 2018. Según su defensa, invirtió cerca de 200.000 dólares, y al liquidar esos activos obtuvo 591.544 dólares, que luego conservó en efectivo. Un peritaje de la Policía Federal confirmó que Adorni tiene actualmente el control criptográfico de las ocho direcciones de Bitcoin aportadas y que las billeteras registraron actividad en el período señalado. Aunque la cadena de bloques no permite acreditar la identidad de quien operó las billeteras en esos años, la Fiscalía consideró que la hipótesis de la defensa resulta técnicamente consistente y que los ingresos formales del matrimonio hacían viable la escala de la inversión.
El punto jurídico central es que el delito de enriquecimiento ilícito exige que el incremento patrimonial injustificado se produzca después de asumir el cargo público. Como la versión de la defensa sitúa la ganancia antes de diciembre de 2023, Pollicita concluyó que no hay elementos para sostener esa acusación.
El dictamen no equivale a un sobreseimiento. Pollicita remarcó que subsisten indicios de irregularidades en la declaración de ingresos, en la tenencia de dólares en efectivo y en las operaciones con criptomonedas, que podrían configurar evasión de impuestos (Ganancias, Bienes Personales u otros tributos nacionales). Por eso solicitó que la causa pase al fuero Penal Económico, donde se determinará si Adorni cometió delitos tributarios.
La decisión final quedará en manos del juez federal Ariel Lijo, quien deberá resolver si acepta el cambio de competencia y ordena el traslado del expediente. En paralelo, la causa también acumula el testimonio de dos policías que declararon ante la Justicia haberle prestado 100.000 dólares en efectivo a Adorni para la compra de su primer departamento, un préstamo que, según las testigos, aún mantiene una deuda pendiente de unos 70.000 dólares con vencimiento en noviembre de 2026.
Con el dictamen de Pollicita, la causa Adorni deja de centrarse en el enriquecimiento ilícito como figura principal y se reorienta hacia el terreno de los delitos tributarios, un escenario que, aunque no cierra la investigación, cambia el eje de la acusación y traslada la definición a la Justicia Penal Económica.