La crisis política e institucional que atraviesa Paraguay sumó este viernes un capítulo histórico. El Senado de la República, en una sesión extraordinaria que se extendió por dos días, declaró culpable al presidente Santiago Peña por "mal desempeño en sus funciones" y aprobó su destitución con una votación de 44 votos a favor y una ausencia sobre un total de 45 legisladores. Con esta decisión, Peña se convirtió en el segundo mandatario paraguayo de la historia reciente en ser removido mediante un juicio político, después de Fernando Lugo en 2012.

El origen del proceso fue el escándalo financiero desatado por la intervención y posterior colapso del Ueno Bank, una de las principales entidades del país. El Banco Central de Paraguay (BCP) intervino la entidad tras comprobar que había caído por debajo de los mínimos exigidos de solvencia, dejando a casi tres millones de clientes sin acceso a sus depósitos, entre ellos el Instituto de Previsión Social (IPS). Los diputados que actuaron como fiscales en el juicio político imputaron a Peña por presuntos conflictos de intereses, manipulación de la supervisión regulatoria, desvío de fondos de pensiones y participación en un encubrimiento institucional que habría involucrado al propio Banco Central.

La defensa del economista de 47 años, que había asumido la presidencia en 2023, intentó frenar el proceso. Peña había presentado su renuncia el jueves, pero el Congreso decidió no aceptarla y avanzar con el juicio político. De haberse aceptado su dimisión, Peña habría pasado a ser senador vitalicio y habría conservado fueros parlamentarios, algo que la destitución le arrebató de pleno derecho. Sus abogados también solicitaron una prórroga de 72 horas para preparar su defensa, pero el Senado rechazó el pedido y los instó a presentarse, por lo que sus representantes legales asistieron a la sesión y denunciaron una "violación al debido proceso".

Poco después de conocerse la votación, el Ministerio Público ordenó la detención inmediata de Peña y del expresidente del Banco Central, Carlos Carvallo Spalding, en el marco de la investigación penal por el caso Ueno Bank. La orden fue dictada por los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción, Elena Fiore, Christian Benítez y Silvia González Véster, junto con la agente de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos y Lavado de Activos, Ruth Karina Benítez.

En un primer momento, la Fiscalía dispuso que Peña cumpliera la detención en su domicilio en Asunción, a la espera de ser puesto a disposición del Ministerio Público el sábado por la mañana. Sin embargo, la situación escaló rápidamente. Una multitud de manifestantes se congregó frente a su vivienda para exigir que no tuviera privilegios y que fuera encarcelado en una prisión común, coreando consignas como "¿Dónde está la plata?". La presión popular fue tal que los manifestantes lograron sobrepasar el cerco policial y ubicarse frente a la residencia. Finalmente, en medio de la bronca generalizada, Peña fue trasladado desde su domicilio a una prisión, en un hecho que marca un hito en la historia judicial del país.

Mientras el expresidente era llevado a prisión, en el Congreso se realizaba la juramentación de su sucesor, Pedro Alliana, quien asumió la presidencia para completar el mandato hasta agosto de 2028. La detención de Peña profundiza la crisis institucional y marca un precedente al procesar penalmente a un exmandatario por fraude financiero, mientras el país espera que se esclarezca el destino de los fondos de los ahorristas y se restablezca la confianza en el sistema financiero.