La administración británica de las Islas Malvinas anunció este lunes la prórroga por cinco años de todas las licencias vigentes para actividades petroleras offshore en el Atlántico Sur, con la opción de extenderlas por dos años adicionales si las empresas cumplen con sus programas de trabajo. La decisión cuenta con "el pleno respaldo" del Gobierno del Reino Unido y se produce en medio de la creciente tensión diplomática con Argentina por la soberanía de las islas y la explotación de sus recursos naturales.
El anuncio se conoció en la previa a la exposición del presidente Javier Milei ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, donde la cuestión Malvinas será uno de los ejes centrales de su discurso.
El alcance de la prórroga
Según el comunicado oficial difundido por la Asamblea Legislativa isleña, las licencias todas actualmente en fase de exploración se extenderán por un período inicial de cinco años, con la opción de sumar dos años adicionales sujeto al "progreso satisfactorio de los licenciatarios respecto de sus programas de trabajo".
El Departamento de Recursos Minerales trabaja con los titulares de las licencias en la elaboración de programas de trabajo ampliados para el período de extensión, con el objetivo de "obtener una mejor comprensión del potencial de desarrollo de hidrocarburos" en aguas de las Malvinas, e incluye compromisos de perforación de pozos de evaluación adicionales.
"Son recursos nuestros"
La integrante de la Asamblea Legislativa isleña y responsable de las carteras de Comercio, Industria y Recursos Minerales, Cheryl Roberts, defendió la decisión con una declaración que resonó en Buenos Aires: "Estas extensiones brindan seguridad a los operadores, permitiéndoles continuar invirtiendo y desarrollando sus áreas".
La funcionaria agregó: "Estos son nuestros recursos para desarrollar, y nos aseguraremos de que se desarrollen de manera responsable, conforme a las mejores prácticas globales en materia ambiental y de seguridad, con el fin de generar beneficios de largo plazo para las generaciones actuales y futuras de los habitantes" de las Malvinas.
Sea Lion, el proyecto en la mira
El respaldo regulatorio británico consolida el avance del proyecto Sea Lion, considerado el principal yacimiento hidrocarburífero de la cuenca norte de Malvinas, ubicado a aproximadamente 220 kilómetros de las costas del archipiélago.
La iniciativa está encabezada por la firma israelí Navitas Petroleum, propietaria del 65% de la participación, y por la británica Rockhopper Exploration, poseedora del 35% restante. Las empresas operadoras proyectan iniciar la producción comercial en marzo de 2028, con un flujo estimado de extracción de 50.000 barriles diarios de crudo e ingresos calculados en USD 2.000 millones en concepto de regalías a lo largo de 30 años.
Además, el comunicado oficial detalla que se aprobó la adquisición de una participación del 65% en el área de licencia PL001 por parte de Navitas Petroleum Atlantic Limited (NAPL), subsidiaria de la israelí Navitas Petroleum. Según el texto oficial, "se espera que esto acelere la evaluación y el desarrollo de las perspectivas en este bloque", adyacente al proyecto Sea Lion.
Las empresas alcanzadas
Entre los principales titulares de licencias en la zona figuran Navitas Petroleum, Rockhopper Exploration y sus subsidiarias, Borders & Southern y JHI Falklands. La lista oficial de Malvinas incluye también a las británicas Desire Petroleum Limited y Falkland Oil & Gas.
La prórroga llega justo cuando el Gobierno argentino profundiza las acciones administrativas y judiciales contra estas compañías. El 4 de septiembre, la jueza federal de Río Grande Mariel Borruto ordenó a Navitas y Rockhopper abstenerse de iniciar, continuar o ejecutar las obras necesarias para poner en funcionamiento Sea Lion, tras una presentación de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y el Centro de Excombatientes de Malvinas de La Plata.
La respuesta argentina
Argentina considera "ilegales" estos permisos y sostiene que cualquier actividad relacionada con la explotación de hidrocarburos en el área requiere autorización del Estado nacional. El Gobierno de Milei notificó a 180 empresas para que definan su posición respecto de operar en las islas y activó sanciones bajo el Decreto 868/2026, que contempla procedimientos sancionatorios contra 45 personas físicas y jurídicas vinculadas a la exploración de hidrocarburos en Malvinas.
El Reino Unido rechaza esa posición y sostiene que Argentina no tiene jurisdicción para aplicar su legislación sobre las empresas que operan en las islas. Desde la perspectiva de las autoridades británicas, la decisión de prorrogar las licencias busca afianzar la certidumbre jurídica de los capitales privados que operan en la zona.
La medida escaló la tensión bilateral en un contexto en el que Milei redobló su discurso sobre la "recuperación de las Malvinas" por la vía diplomática, mientras Londres y la administración isleña avanzan con la explotación de los recursos hidrocarburíferos del Atlántico Sur.