La Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados dio un paso decisivo para intentar saldar una deuda histórica del sistema judicial argentino. En una reunión informativa, el cuerpo que preside la diputada oficialista Laura Rodríguez Machado (La Libertad Avanza-Córdoba) comenzó a analizar 12 proyectos de ley firmados por cerca de 30 legisladores de distintos espacios políticos, con un objetivo común: que los delitos contra la integridad sexual cometidos contra personas menores de edad no prescriban.

Lejos de tratar cada iniciativa por separado, la estrategia acordada es construir un texto unificado que reúna el mayor consenso posible. “Estamos frente a un tema que no tiene color político. Hay 12 proyectos de legisladores de distintos espacios y todos coinciden en lo esencial: el paso del tiempo no puede ser un obstáculo para que una víctima de abuso sexual cometido durante su minoría de edad sea escuchada por la Justicia”, sostuvo Rodríguez Machado al abrir el encuentro. Y agregó: “Cuando las víctimas están en el centro, las diferencias se ordenan y se puede construir un texto común”.

El debate legislativo no surgió de la nada. Se reactivó con fuerza a partir del caso de Alberto Martín del Valle, un hombre de 56 años que permaneció 14 años prófugo y fue detenido en agosto pasado en Florencio Varela. Estaba acusado de haber abusado sexualmente de la hija de su entonces pareja, una niña de 11 años, en un hecho ocurrido en 2009 en la localidad bonaerense de Puán. Como consecuencia de los abusos, la víctima quedó embarazada.

La detención fue posible gracias a la tenacidad de Yamila Segovia, hermana y abogada de la víctima, quien estudió Derecho para poder encontrar al agresor y llevarlo ante la Justicia. Sin embargo, la lucha no terminó con la captura: el juez de Garantías Guillermo Mércuri declaró extinguida la acción penal por prescripción y sobreseyó a Del Valle por los delitos de “abuso sexual agravado y tentativa de aborto”. La abogada apeló la decisión ante la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca. Ese fallo, que dejó en libertad de acción a un acusado de semejante gravedad, fue el detonante que instaló la urgencia en el Congreso.

Los 12 proyectos abordan la problemática desde distintas perspectivas técnicas, aunque todos comparten la misma finalidad: evitar que el transcurso del tiempo beneficie a los agresores. Los ejes centrales del debate son tres:

- Imprescriptibilidad: Declarar que estos delitos no prescriben en ningún caso, sin importar el tiempo transcurrido.

- Suspensión de la prescripción: Detener el conteo del plazo mientras la víctima sea menor de edad o mientras el imputado se encuentre prófugo.

- Interrupción de la prescripción: Reiniciar el conteo del plazo ante determinados actos procesales o cuando el acusado esté en rebeldía.

Entre los proyectos presentados en 2026 figuran iniciativas de Damián Arabia (LLA), Marcelo Mango (UP), Pablo Juliano (PU), Luciana Potenza (UP) y Luis Petri (LLA), además de un texto firmado por la propia Rodríguez Machado junto a otros legisladores del oficialismo y de bloques aliados. Algunas propuestas, como la de Virginia Gallardo, plantean una reforma parcial del Código Penal para incorporar un nuevo artículo (62 bis) que establezca la imprescriptibilidad de la acción penal para delitos sancionados con prisión perpetua.

La discusión en comisión tiene un antecedente inmediato. Días antes, en la sesión del 21 de octubre, el diputado Pablo Juliano pidió un apartamiento de reglamento para tratar la denominada “Ley Segovia”, un proyecto que busca modificar el artículo 67 del Código Penal para que el plazo de prescripción se interrumpa mientras el imputado esté rebelde, prófugo o con orden de captura vigente. La moción fue rechazada por 121 votos a favor y 120 en contra, pero dejó un compromiso explícito de la presidenta de la comisión para iniciar el tratamiento conjunto de todas las iniciativas.

Con el debate ya abierto, el paso siguiente será escuchar a especialistas y a las partes involucradas en próximas reuniones informativas. La intención es terminar de unificar los textos y luego sumar al debate a la comisión de Familias, Niñez y Juventudes para trabajar en un esquema de plenario de comisiones. El objetivo final es claro: que ninguna víctima de abuso sexual en su infancia vuelva a escuchar que su caso “prescribió”.