El escándalo que rodea a Ueno Bank en Paraguay ha escalado a un nivel sin precedentes. La crisis de la entidad financiera, que derivó en su intervención por parte del Banco Central del Paraguay (BCP), ha desembocado en una serie de allanamientos, detenciones y un embargo histórico sobre los bienes de sus principales directivos, incluido el empresario Miguel Vázquez.

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La situación de Ueno Bank se volvió insostenible tras detectarse un grave deterioro en sus indicadores de solvencia. Según el informe técnico de la Superintendencia de Bancos, la entidad presentaba un déficit de previsiones de G. 1,62 billones y había utilizado aproximadamente USD 70 millones correspondientes al encaje legal, recursos que no fueron reconstituidos en los plazos establecidos. Ante esta situación, el BCP decidió iniciar un proceso de resolución bancaria para proteger a los depositantes y preservar la estabilidad del sistema financiero.

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La Fiscalía, tras la denuncia del BCP, ordenó la detención de ocho altos directivos de la entidad. El martes 3 de noviembre, Miguel Vázquez Villasanti, vicepresidente primero y principal accionista del banco, se entregó voluntariamente a las autoridades policiales en Asunción, acompañado de sus abogados.

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Paralelamente, una comitiva fiscal-policial ejecutó un allanamiento en la residencia de Vázquez, ubicada en el barrio La Piedad de Asunción. Durante el operativo, que se extendió hasta la noche, las autoridades incautaron nueve vehículos de lujo entre ellos un Porsche 911 GT3 y un Bentley Continental GT cuyo valor conjunto se estima en USD 1,4 millones. Llama la atención que ninguno de los rodados contaba con chapa identificatoria. También se incautaron documentos contables y equipos informáticos clave para la investigación.

En paralelo a la causa penal, el juez en lo Civil y Comercial, Walter Mendoza, hizo lugar a una medida cautelar solicitada por el BCP y ordenó el embargo preventivo de bienes, cuentas y acciones de los principales directivos y empresas del Grupo Vázquez.

El embargo fue fijado por montos de hasta USD 70 millones, más una suma superior a G. 1,6 billones y un adicional de G. 58.639.000 para gastos de justicia. La medida alcanza a las firmas controlantes (U Paraguay S.A., U Holdings S.A.R.L. y Grupo Vázquez S.A.E.) y a los directivos, entre ellos Federico Miguel Vázquez Villasanti, Juan Manuel Gustale, Diana Leticia Mongelós González, Alejandro Gómez Abente, Diego Fernando Duarte Schussmuller, entre otros.

La Fiscalía prepara la imputación formal contra Vázquez y los otros siete directivos detenidos. Entre los hechos punibles que se analizan figuran lesión de confianza, estafa y conducta conducente a la quiebra, cargos que no se descartan ampliar conforme avance la investigación. Los investigados permanecen detenidos mientras se sustancian las diligencias.

La investigación también alcanza proyecciones internacionales, ya que la Fiscalía analiza solicitar colaboración a Luxemburgo y Estados Unidos para incautar bienes de Vázquez en el exterior.