Los ministros de Relaciones Exteriores de los 22 países que integran la Comunidad Iberoamericana aprobaron por unanimidad un Comunicado Especial sobre la Cuestión de las Malvinas durante la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se celebra en Madrid. El documento representa un nuevo respaldo internacional a la posición argentina y llega en un momento de alta tensión con el Reino Unido por los planes británicos de avanzar con la explotación de hidrocarburos en la zona en disputa.

El canciller Pablo Quirno fue el encargado de anunciar la aprobación del texto a través de sus redes sociales. “Con la aprobación de este comunicado, el espacio iberoamericano reafirma, una vez más, su respaldo a la República Argentina”, escribió el funcionario. Además, calificó a la causa Malvinas como “una causa sagrada para los argentinos” y vinculó el pronunciamiento regional con la estrategia diplomática y judicial que el país despliega en otros foros internacionales.

El comunicado aprobado por los cancilleres iberoamericanos reafirma la necesidad de que los gobiernos de la Argentina y del Reino Unido reanuden las negociaciones sobre la cuestión de la soberanía “a la mayor brevedad posible”. Asimismo, el texto reconoce la “disposición constructiva” y la “actitud” de la administración argentina para avanzar en una solución diplomática y pacífica a la disputa.

“Estamos dispuestos a retomar las negociaciones sobre la cuestión de la soberanía por la vía diplomática y pacífica, como lo hemos pedido reiteradamente ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el objeto de cumplir con el deber impuesto por el Derecho Internacional de resolver pacíficamente la disputa y poner fin a una situación colonial, anacrónica en el siglo XXI”, sostuvo Quirno. Y concluyó con una frase que resume la postura histórica: “Por historia y por derecho: las Malvinas son argentinas”.

El respaldo iberoamericano se produce en un contexto de creciente tirantez entre Buenos Aires y Londres. El Gobierno argentino denunció que el Reino Unido pretende avanzar con la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte a través de licencias que considera ilegítimas, otorgadas a las compañías Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum para desarrollar el proyecto Sea Lion.

La posición expresada por los ministros iberoamericanos coincide con el reclamo que la Argentina sostiene ante la Asamblea General de las Naciones Unidas: resolver el conflicto de manera pacífica y diplomática, bajo las obligaciones previstas por el derecho internacional.

En paralelo a la ofensiva diplomática, la Argentina impulsa un procedimiento internacional contra el Reino Unido por la explotación de recursos naturales no renovables en las aguas circundantes a las islas. El 28 de septiembre, el Estado argentino inició un arbitraje amparado en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Posteriormente, el 13 de octubre, solicitó medidas provisionales urgentes ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para impedir el comienzo de la explotación de recursos naturales no renovables en la zona. El pedido fue firmado en Hamburgo por el embajador Mario Oyarzábal, director general de la Consejería Legal Internacional de la Cancillería, quien actúa como agente del Estado argentino.

La estrategia judicial plantea cuatro pedidos centrales: impedir que el Reino Unido autorice o permita el avance del proyecto Sea Lion; limitar el uso de información obtenida durante la exploración que pudiera perjudicar los derechos argentinos; exigir medidas de protección del medio marino; y evitar la emisión de nuevas licencias mientras continúe la controversia.