El reclamo por los recursos naturales en las Islas Malvinas sumó un nuevo capítulo. Tras los cuestionamientos del Reino Unido al proceso iniciado por la Argentina para dirimir la controversia por la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte, la Cancillería emitió un pronunciamiento en el que rechazó esa postura y defendió la validez del arbitraje internacional.
Frente a las críticas británicas que calificaron la presentación argentina como una maniobra para perturbar sus derechos, la Cancillería respondió de manera tajante: "La República Argentina rechaza que el Reino Unido caracterice el recurso argentino al arbitraje en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) como un intento de 'socavar' los derechos de alguien".
Asimismo, sostuvieron que la iniciativa se ajusta de forma estricta a los parámetros normativos multilaterales. "Nada más alejado de la realidad. Someter una controversia a un tribunal internacional imparcial es el acto más responsable que puede realizar un Estado. Así es como los Estados comprometidos con el Estado de derecho resuelven sus diferencias: no mediante acciones unilaterales, sino ante jueces que aplican el derecho que ambas partes han aceptado libremente", argumentó la representación oficial.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, encabezado por Pablo Quirno, enfatizó que la condición de Estados Partes de la CONVEMAR exige a ambos países someterse a sus mecanismos de solución de diferencias. Según el documento oficial, "al ratificarla, ambos aceptaron los procedimientos obligatorios conducentes a decisiones obligatorias previstos en su Parte XV como parte integrante de la Convención". En ese sentido, las autoridades argentinas puntualizaron que el cumplimiento de estas pautas constituye una "obligación convencional" y remarcaron que "el recurso argentino al arbitraje no busca 'socavar' los derechos de nadie, sino preservar los legítimos derechos del pueblo argentino sobre sus recursos naturales".
En esa misma línea, el texto oficial señaló que "un Estado que pretende hacer suyos los derechos que le confiere la Convención, pero trata sus disposiciones sobre solución de controversias como una afrenta, no está honrando la Convención: está intentando imponer su interpretación -en este caso, infundada- a los demás como una verdad absoluta".
El desencuentro escaló en tensión tras las declaraciones de la ministra británica para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, quien sostuvo que las actividades hidrocarburíferas unilaterales en el área en disputa se llevan a cabo "en plena conformidad con el derecho internacional, incluida la CONVEMAR". La réplica argentina apeló a la coherencia del argumento británico: "Si el Reino Unido está realmente convencido de ello, nada tiene que temer de un tribunal".
En el mismo escrito, se aclaró que "la Argentina ha puesto su caso en manos de árbitros independientes, tal como la Convención la faculta a hacerlo", remarcando que el Reino Unido "tendrá plena oportunidad de demostrar sus afirmaciones ante ellos". Finalmente, el Gobierno confirmó que "deposita su plena confianza en el tribunal arbitral y en el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, que resolverá el caso con independencia". De este modo, ratificó que "serán ellos quienes se pronuncien sobre el fondo de la posición de cada una de las partes", recordando además que "la comunidad internacional ha reconocido desde hace décadas la existencia de una disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes".