El Concejo Deliberante de Olavarría aprobó la polémica ordenanza que establece la Tasa de Inspección por Seguridad e Higiene (TISH) aplicable a los parques de generación de energía eólica del distrito, una medida que la oposición califica como "impuesto al viento". La iniciativa, impulsada por el intendente camporista Maximiliano Wesner, fue sancionada el pasado 10 de septiembre en una sesión que terminó empatada 20 a 20 y debió resolverse con el voto doble del presidente del cuerpo, Guillermo Santellán.
La recaudación estimada y los plazos
Según el cálculo opositor, a partir de la cantidad de megavatios que genera cada parque y con el inicio de operación del parque de PCR y ArcelorMittal Acindar, el municipio recaudará en concepto de TISH entre US 380.000 anuales. El pago debe realizarse antes del 10 de enero de cada año.
La ordenanza 5901/26 fija una tasa anual de entre 700 y 850 dólares por cada MW de potencia instalada, con un esquema escalonado: los molinos de hasta 3,8 MW pagan la alícuota más alta, de 850 dólares por MW, mientras que los de más de 8,9 MW tributan 700 dólares por MW. Originalmente, el proyecto del intendente fijaba un valor de US$ 5.200 por aerogenerador por año, pero tras las negociaciones con las empresas el esquema fue modificado.
El texto también incorporó una garantía de previsibilidad tributaria por 20 años para los contribuyentes alcanzados, una cláusula que el municipio no podrá modificar durante ese período.
El contexto: el vacío legal que aprovechó el municipio
La medida se concretó durante una "ventana" de 267 días en la que estuvo caída la prórroga del artículo 17 de la Ley 27.191 de energías renovables, que prohibía la aplicación de gravámenes nacionales, provinciales o municipales a las energías renovables hasta el 31 de diciembre de 2025. En mayo de 2026, Diputados dio media sanción a una prórroga por veinte años, y la semana pasada el Senado convirtió en ley la extensión de la exención hasta 2045.
La denuncia opositora ante el Tribunal de Cuentas
Concejales de los bloques PRO, Juntos por Olavarría, UCR, La Libertad Avanza, Por Más Libertad y Partido Libertario presentaron una denuncia ante el Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires para solicitar la revisión de la aprobación de la ordenanza.
Los ediles argumentaron que el proyecto tratado el jueves 10 de septiembre en la Asamblea de Mayores Contribuyentes no contaba con dictamen previo de la Comisión de Hacienda ni con el anteproyecto correspondiente, conforme al artículo 29 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. Además, señalaron que el bloque oficialista introdujo modificaciones sustanciales al texto en la Comisión de Labor Parlamentaria el 9 de septiembre, a menos de 24 horas del inicio de la asamblea, y que esas modificaciones se aprobaron únicamente con el voto del oficialismo.
La votación final terminó 20 a 20: diez concejales y diez mayores contribuyentes del oficialismo a favor, y veinte votos en contra. La aprobación se destrabó con el voto desempate del presidente del cuerpo, Guillermo Santellán. Frente a este escenario, los bloques opositores cuestionaron si la votación alcanzó la "mayoría absoluta" que exigen los artículos 104 y siguientes de la Ley Orgánica de las Municipalidades y el artículo 193 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires para sancionar ordenanzas impositivas.
"Entendemos que la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires ya se ha expedido en situaciones similares y ha determinado la inconstitucionalidad de ordenanzas en distintos municipios bonaerenses", indicaron los concejales opositores.
El respaldo de Techint
Uno de los datos políticos más destacados de la jornada fue el guiño favorable emitido por el Grupo Techint respecto al nuevo marco tributario. La corporación industrial opera parques eólicos en el distrito a través de sus firmas Ternium y Tenaris, y consideró que la versión final consensuada "armoniza los intereses" de las partes y ofrece reglas previsibles a través de una cláusula de estabilidad fiscal por veinte años.
Desde la gestión municipal recalcaron que la norma no grava el viento en sí, sino el ejercicio de una actividad comercial rentable desarrollada por los desarrolladores energéticos. La ordenanza estipula además que los fondos recaudados tendrán afectación específica para obras de infraestructura coejecutadas con entidades industriales y académicas locales.
Los parques eólicos alcanzados
Olavarría cuenta actualmente con cuatro parques eólicos que suman un total de 82 aerogeneradores. El Parque Eólico Cementos Avellaneda, operado por YPF Luz, tiene nueve aerogeneradores y 84 MW de potencia instalada. Los parques Vientos de Olavarría y La Rinconada, pertenecientes a Ternium y Tenaris del Grupo Techint, suman 43 aerogeneradores y 194 MW. El Parque Eólico Olavarría, de PCR y ArcelorMittal Acindar, está en construcción con 30 aerogeneradores y 184 MW, y fue el séptimo proyecto aprobado en el marco del Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI).
El antecedente de Puerto Madryn y el debate de fondo
El antecedente más cercano es el de Puerto Madryn, donde en 2020 las generadoras renovables acudieron a la Justicia federal y lograron un fallo a favor que actualmente les evita el pago de un tributo de características similares, que representaba cerca del 5% de la facturación por producción de energía.
El caso reavivó el debate sobre hasta dónde pueden avanzar los municipios con gravámenes sobre proyectos energéticos regulados a escala nacional. Mientras algunas empresas advierten que la iniciativa amenaza nuevas inversiones y cuestiona su legalidad, otras consideran que un esquema acordado con los gobiernos locales puede ser razonable si existe previsibilidad.