La Cámara Federal porteña confirmó este jueves el procesamiento del diputado nacional Juan Grabois por los hechos ocurridos durante la ocupación del Instituto Juan Domingo Perón, el 7 de junio de 2025. La medida alcanza los delitos de violación de domicilio y resistencia a la autoridad, y mantiene un embargo de $5 millones sobre sus bienes.

La decisión fue adoptada por la Sala I de la Cámara Federal, integrada por los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, quienes rechazaron la apelación presentada por la defensa y ratificaron la resolución dictada en primera instancia por el juez federal Sebastián Ramos.

La causa investiga el ingreso de Grabois y un grupo de manifestantes al inmueble ubicado en Austria 2593/2601, en la Ciudad de Buenos Aires, donde funcionaba el Instituto Juan Domingo Perón de Estudios, Investigaciones Históricas, Sociales y Políticas hasta su cierre, dispuesto mediante el Decreto 346/25.

Según la resolución, Grabois había difundido el 6 de junio de 2025 una convocatoria a través de sus redes sociales X e Instagram para concurrir al lugar al día siguiente, bajo la consigna "defendamos el Instituto Juan Domingo Perón y el Bar 'Un café con Perón'". Los camaristas consideraron que los testimonios de los efectivos policiales y los registros audiovisuales incorporados al expediente permiten ubicar a Grabois en el lugar y sostienen que tuvo un rol de conducción sobre el grupo que ingresó al inmueble. También señalaron que se produjeron daños y que los manifestantes permanecieron en el edificio pese a las órdenes de desalojo impartidas por las autoridades.

Uno de los puntos analizados por la Cámara fue la permanencia de Grabois en el edificio luego de que se impartiera la orden de abandonar el lugar. De acuerdo con el fallo, el dirigente habría indicado a los manifestantes que subieran al patio mientras él permanecía en el inmueble. En ese sentido, los jueces remarcaron que "dicha condición de abogado y funcionario público, a diferencia de lo alegado, no lo exime del cumplimiento de una orden legítima emanada por una autoridad competente".

La resolución también menciona los argumentos de la defensa, que cuestionó que se atribuyera responsabilidad a Grabois a partir de su condición pública y política. Según el fallo, los abogados del dirigente hicieron énfasis en que el procesamiento había "sustituido la responsabilidad por el hecho" por una atribución derivada de esa condición. Los camaristas rechazaron ese planteo y aclararon que la imputación se sustenta en los hechos investigados y no en su actividad política.

El juez Sebastián Ramos había procesado a Grabois en junio de este año y establecido un embargo de $5 millones sobre sus bienes. En la misma causa también fue procesado el militante Valentín Peralta, con un embargo de $1 millón. La Cámara Federal confirmó ambas medidas.

El expediente incorpora testimonios, fotografías y registros audiovisuales sobre lo ocurrido durante la ocupación. La investigación también contempla los delitos de usurpación y daño agravado, según lo planteado por la fiscalía, aunque la calificación legal es provisoria y podrá ser revisada durante el proceso.