El Gobierno nacional amplió el esquema de concesiones viales y habilitó la incorporación de 27 rutas y tramos nacionales a futuras licitaciones para que empresas privadas se hagan cargo de su operación, mantenimiento y rehabilitación. Entre los caminos incluidos se encuentran las rutas nacionales 11 y 16, que atraviesan Chaco. La medida quedó establecida mediante el Decreto 1358/2026, y permite incorporar caminos que actualmente están bajo administración estatal al régimen de concesiones previsto en la Ley 17.520.
La incorporación al listado no implica que las rutas sean concesionadas de manera inmediata ni que todos sus kilómetros queden necesariamente bajo administración privada. El decreto establece que los futuros corredores podrán conformarse con la totalidad o una parte de los caminos incluidos, siempre que los sectores seleccionados no formen parte de concesiones vigentes.
La ampliación alcanza a caminos distribuidos en distintas regiones del país. Además de las rutas 11 y 16, el listado incluye las nacionales 3, 9, 12, 14, 22, 25, 26, 33, 34, 35, 38, 50, 60, 81, 86, 89, 120, 121, 122, 151, 152, 158 y 237, además del acceso A0017. Los trazados comprenden sectores de Buenos Aires, Córdoba, Jujuy, Salta, Chaco, Formosa, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones, La Pampa, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Santiago del Estero y La Rioja. En total, son 27 los tramos que podrán licitarse, distribuidos en 16 provincias.
La normativa también establece que el Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transporte, podrá definir los nuevos corredores con la totalidad o parte de las rutas mencionadas. Para ello deberá contar previamente con un informe técnico de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). Economía tendrá a su cargo la elaboración de los pliegos, la convocatoria a licitaciones públicas nacionales e internacionales, la evaluación de las ofertas y la adjudicación de los contratos. El decreto fija un plazo de 12 meses desde su entrada en vigencia para realizar los llamados a concurso.
Las empresas que resulten adjudicatarias también estarán habilitadas para desarrollar actividades complementarias que generen ingresos adicionales al cobro de peajes. La Dirección Nacional de Vialidad, por su parte, continuará como autoridad de aplicación y tendrá la responsabilidad de supervisar y controlar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por las concesionarias.
La medida se conoce en un escenario de fuerte retracción de la inversión pública vial. Según datos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el gasto ejecutado por la DNV y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) cayó un 80% en términos reales entre 2023 y 2026. Los fondos para Vialidad Nacional se redujeron de 2.700 millones de dólares en 2023 a menos de 800 millones en los ejercicios posteriores.
Como consecuencia, menos del 50% de las rutas nacionales se encuentra en buen estado (42,4%), mientras que el 31,8% está en mal estado y el 25,8% en estado regular. Un relevamiento identificó 37 tramos severamente dañados sobre 4.625 kilómetros, con demoras de hasta cuatro horas en sectores de la Ruta Nacional 40 en Santa Cruz. El Gobierno justificó la medida argumentando que la participación privada permitirá financiar obras y tareas de mantenimiento, mejorar las condiciones de circulación y reducir costos logísticos, sin comprometer el equilibrio de las cuentas públicas.