El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) descartó este miércoles una resolución inmediata sobre el pedido de revisión de la condena de la expresidenta Cristina Kirchner en la Causa Vialidad y advirtió que, de admitir la presentación a trámite, la decisión final podría demorar “varios años”.

La respuesta del organismo llegó luego de una consulta de la agencia EFE y representa un revés para las expectativas del entorno de la exmandataria, que había impulsado la vía internacional como una alternativa para revertir su situación judicial. “Habida cuenta del volumen de casos que tiene ante sí el Comité de Derechos Humanos, una decisión sobre la admisibilidad y el fondo del asunto suele tardar varios años”, señaló el grupo de expertos independientes. Y agregó: “Una decisión sobre el caso de Fernández de Kirchner no es inminente”.

Cristina Kirchner fue condenada el 6 de diciembre de 2022 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio del Estado en la denominada Causa Vialidad, que investigó irregularidades en la adjudicación de 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz a firmas del empresario Lázaro Báez durante su gobierno y el de su fallecido esposo, Néstor Kirchner. La sentencia fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia en junio de 2025.

Ante ese escenario, los abogados Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego presentaron a fines de septiembre una adenda ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU para solicitar la revisión de la condena y la suspensión de la pena de inhabilitación perpetua.

La presentación de los letrados incluyó tres medidas cautelares: la suspensión de la inhabilitación para ejercer cargos públicos, la revisión de las condiciones de la prisión domiciliaria que cumple en su departamento del barrio porteño de Constitución y la recomposición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que según sostuvieron no puede funcionar adecuadamente con solo tres integrantes.

En la adenda, los abogados también denunciaron actos de “intimidación” contra la exmandataria, entre ellos la difusión de imágenes del allanamiento a su domicilio privado, y sostuvieron que esas acciones violan el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El Comité, integrado por 18 expertos independientes y presidido actualmente por el surcoreano Changrok Soh, explicó que antes de evaluar el contenido de una denuncia debe determinar si cumple las condiciones necesarias para ser admitida. Esa instancia inicial puede demorar varios meses.

Entre los requisitos, el organismo recordó que los denunciantes deben haber agotado las vías judiciales disponibles en sus respectivos países, aunque existen excepciones, como los casos en los que los procedimientos internos se prolongan de manera indebida. Argentina es Estado parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos desde su ratificación en 1986, y las decisiones del Comité no tienen carácter vinculante.

El abogado constitucionalista Gregorio Dalbón diferenció dos aspectos del caso: por un lado, la cuestión de fondo, que “ciertamente tarda por la cantidad de casos” que maneja el Comité; y por otro, la cuestión cautelar, que a su juicio “no debería tardar” porque está en juego la inhabilitación perpetua. “En esta situación se estarían violando innumerables derechos humanos que deberían cesar hasta que haya una resolución definitiva del fondo de la cuestión”, sostuvo.

Dalbón también calificó la inhabilitación perpetua como “una solapada pena de muerte civil desde el punto de vista político” y afirmó que es “claramente inconstitucional”. “Esperamos una resolución en este sentido en breve”, concluyó.

La comunicación del Comité no implica un rechazo de la presentación de los abogados de Cristina Kirchner, sino que confirma que el análisis del caso no será prioritario dentro de la agenda del organismo. El Comité deberá dirimir si acata a trámite la presentación y, en caso de hacerlo, entrará en un proceso que, por el volumen de expedientes que maneja, podría extenderse durante años.

Mientras tanto, la expresidenta continúa cumpliendo prisión domiciliaria y su situación política sigue siendo objeto de debate dentro del peronismo, donde sectores reclaman su candidatura para las próximas elecciones.