Un nuevo informe técnico incorporado a la causa por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) determinó que no fue posible establecer la autenticidad de los audios atribuidos al exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, que dieron origen a la investigación judicial por supuestos sobornos vinculados con la compra de medicamentos.

El estudio, realizado por la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional, identificó inconsistencias en los archivos de audio, entre ellas cortes, discontinuidades y señales compatibles con procesos de regrabación. Estas características impidieron que los especialistas pudieran validar el origen del material y atribuir técnicamente las voces a las personas investigadas.

Según el informe conocido este jueves 29 de octubre, los especialistas analizaron las grabaciones incorporadas al expediente y detectaron discontinuidades abruptas e inconsistencias acústicas que no se corresponden con un registro continuo. También encontraron características compatibles con una transferencia acústica, un fenómeno que puede presentarse cuando un audio es reproducido y grabado nuevamente desde otro dispositivo.

Estas irregularidades podrían estar relacionadas con cortes, ediciones o modificaciones realizadas después de la grabación original. Sin embargo, el informe no establece que los audios sean falsos, sino que las condiciones del material impiden comprobar su autenticidad.

Los especialistas tampoco pudieron descartar que se hubieran utilizado herramientas de inteligencia artificial para alterar o generar voces, aunque esto no significa que hayan confirmado su utilización.

Uno de los puntos centrales del informe fue la falta de continuidad en la cadena de custodia de los archivos analizados. Este procedimiento permite documentar cómo se obtiene, conserva y traslada una prueba para garantizar que no haya sufrido modificaciones durante su circulación. En este caso, los peritos identificaron una interrupción de esa cadena antes de su intervención, lo que impidió establecer con certeza si los archivos examinados conservaban las mismas características que tenían al momento de su obtención. Los peritos de las partes que participaron del procedimiento coincidieron en que los elementos disponibles no permitían arribar a una conclusión definitiva sobre la autenticidad del material.

El caso tomó un giro político este jueves cuando la Casa Rosada difundió los supuestos resultados del peritaje para sostener que los audios “no son auténticos” y que “fueron alterados”.

Sin embargo, fuentes de la causa desmintieron esa versión y afirmaron que no hay un informe firmado hasta el momento. Según relataron a LA NACION, la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) calificó esas conclusiones como “falsas” y advirtió que el peritaje todavía está en marcha.

La causa está a cargo del juez federal Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi, quien avanzó sobre el exfuncionario, empleados de la ANDIS y ahora sigue con los dueños de las droguerías que vendían los medicamentos.

La causa comenzó después de la difusión de una serie de grabaciones atribuidas a Spagnuolo, en las que se mencionaba un presunto sistema de cobro de sobornos a prestadores y droguerías vinculados con la provisión de medicamentos. En uno de los fragmentos se hacía referencia a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei, quien habría cobrado un porcentaje de las compras. Karina Milei nunca estuvo imputada en la causa.

La defensa de Spagnuolo había argumentado que los audios, originalmente difundidos por el streaming Carnaval, fueron manipulados o generados mediante inteligencia artificial, y por lo tanto la Justicia ordenó los peritajes técnicos para determinar su autenticidad.

La imposibilidad de autenticar los audios no implica, por sí misma, el cierre de la investigación por las presuntas coimas en la ANDIS. Hace apenas un mes, la Sala II de la Cámara Federal confirmó los procesamientos de Spagnuolo, de su número dos, Daniel Garbellini, y de 17 personas más. Luego de ese fallo, Lijo amplió el procesamiento de Spagnuolo, Garbellini y Miguel Ángel Calvete y les endilgó haber actuado como “jefes de la asociación ilícita”. El magistrado indicó que la decisión “profundiza la investigación de una organización delictiva que habría direccionado contrataciones públicas y permitió identificar diferencias de precios por más de $7.833 millones entre medicamentos e insumos médicos”.

El peritaje deberá ser ahora evaluado por el juez Lijo, quien definirá el alcance del informe y las medidas de prueba pendientes.