La Justicia federal argentina avanza con paso firme sobre el Gobierno nacional para determinar su responsabilidad en la fuga de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos. La fiscal federal Paloma Ochoa, a cargo de la Fiscalía Federal N° 10, solicitó una serie de medidas preliminares en el marco de una denuncia por encubrimiento contra el presidente Javier Milei y otros integrantes del Poder Ejecutivo, según confirmaron fuentes judiciales.

La causa, que quedó radicada en el Juzgado Federal N° 5 a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, se originó a partir de una denuncia presentada por el dirigente del Partido Obrero, Gabriel Solano. En su presentación, Solano acusó al Gobierno de haber ejecutado una "maniobra clandestina" para facilitar el ingreso y la salida del país del senador brasileño, a pesar de que la Justicia de su país le había impuesto una prohibición de salida y había ordenado la entrega de sus pasaportes.

El eje central de la pesquisa es determinar si existió una omisión deliberada en los controles migratorios. Para ello, la fiscal Ochoa requirió informes a la Dirección Nacional de Migraciones para reconstruir las circunstancias exactas en las que Bolsonaro atravesó el territorio argentino durante la noche del martes 27 de octubre.

Uno de los puntos más sensibles de la investigación es la versión oficial de Migraciones, que aseguró que Bolsonaro "salió sin ningún impedimento legal en los sistemas argentinos". Según la denuncia, esta afirmación habría omitido de manera dolosa la colaboración internacional y las alertas sobre la restricción ambulatoria dictada en Brasil por el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.

Los investigadores buscan establecer si hubo una orden específica para flexibilizar la fiscalización o si se trató de una falla de los sistemas informáticos. El expediente también apunta a determinar si se violó la legislación migratoria por no informar sobre los antecedentes penales y requerimientos judiciales que pesaban sobre el senador brasileño.

La reconstrucción del viaje revela detalles que complican la situación del Gobierno. Según la información difundida por Migraciones, Bolsonaro y su familia ingresaron a Argentina a las 22:50 del martes 27 de octubre a través del paso fronterizo del Puente Internacional Tancredo Neves, en Puerto Iguazú, Misiones. Aproximadamente dos horas y media después, abordaron un vuelo privado en el aeropuerto de Puerto Iguazú con destino a Guayaquil, Ecuador, para luego continuar su viaje a Miami, Estados Unidos.

Un dato clave que surgió en las últimas horas es que Bolsonaro habría utilizado su pasaporte italiano para salir de Argentina, un documento que obtuvo en 2023 y que no estaba alcanzado por la orden de retención de la Justicia brasileña.

Las sospechas sobre el accionar del Gobierno se profundizan con la presunta presencia de Santiago Caputo, asesor presidencial de Milei, en Puerto Iguazú al momento de la partida. Diversas denuncias y reportes periodísticos señalaron que Caputo habría estado en la ciudad misionera para colaborar en la organización y logística del vuelo privado que trasladó a Bolsonaro y su familia hacia Estados Unidos. La fiscalía busca esclarecer su participación en el operativo.

Además de los informes a Migraciones, la fiscal Ochoa solicitó la preservación de las grabaciones de las cámaras de seguridad del puente internacional Tancredo Neves y del aeropuerto de Puerto Iguazú. También se requirió información sobre los planes de vuelo, los registros de pasajeros y el contrato del servicio de transporte aéreo utilizado.

El caso no se limita a los tribunales de Comodoro Py. En paralelo, se tramitan al menos tres denuncias por el mismo hecho. Una de ellas, impulsada por el diputado nacional Esteban Paulón, quedó inicialmente asignada al juzgado de Daniel Rafecas. La tercera causa avanza en los tribunales federales de Puerto Iguazú, donde el fiscal Fabián Martínez también solicitó medidas de prueba para determinar cómo ingresó Bolsonaro al país y si existía algún impedimento legal que le prohibiera atravesar la frontera.

Mientras desde el Gobierno defienden la "legalidad" de la salida de Bolsonaro, las denuncias apuntan a delitos graves como encubrimiento agravado, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, peculado y malversación de caudales. La causa avanza y la fiscalía ya puso primera en la búsqueda de pruebas que permitan determinar si el Estado argentino utilizó sus recursos y estructuras para facilitar la fuga de un prófugo de la Justicia brasileña.