Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados busca que todas las cuentas de redes sociales, plataformas de compraventa y aplicaciones de juegos que operen en la Argentina estén vinculadas a una identidad real verificada a través del Registro Nacional de las Personas (Renaper). La iniciativa, registrada bajo el expediente 6018-D-2026, fue presentada el 3 de noviembre por la diputada Cecilia López Pasquali, de Unión por la Patria, y ya genera un fuerte debate por su impacto sobre la privacidad y el anonimato en internet.

Cómo funcionaría el sistema

El proyecto propone crear un Sistema de Verificación de Identidad Digital mediante Validación Biométrica. Para abrir, activar o mantener una cuenta, el usuario debería acreditar su identidad a través del Sistema de Identidad Digital (SID) del Renaper o del organismo que lo reemplace en el futuro.

La clave del mecanismo es lo que el texto define como “mínima intrusión”. Según la iniciativa, las plataformas no podrán almacenar datos biométricos ni fotografías de los usuarios. En lugar de eso, recibirían únicamente tres datos: una confirmación de que se trata de una persona real, su rango de edad y un identificador de trazabilidad encriptado.

Uno de los puntos que el proyecto busca aclarar es que no elimina el uso de seudónimos. Los usuarios podrían seguir utilizando nombres artísticos, avatares o identidades autopercibidas en público. Sin embargo, detrás de cada perfil deberá existir una identidad real validada y asociada a ese código de trazabilidad reservado.

Esa identidad subyacente solo podría ser revelada ante un requerimiento judicial en el marco de una causa civil o penal. No obstante, el texto también establece que, frente a investigaciones por estafas, fraudes o comercialización de bienes ilícitos, las plataformas deberán suministrar a la Justicia la identidad real vinculada a la cuenta denunciada.

La protección de niños, niñas y adolescentes es uno de los ejes declarados de la iniciativa. Para acceder a sitios de apuestas online o contenidos restringidos para mayores de 18 años, sería obligatoria una validación biométrica de la edad. En las plataformas aptas para menores, la creación de cuentas requeriría una validación vinculada a los padres, tutores o representantes legales.

La organización Derechos Digitales publicó un informe titulado Infancias y entornos digitales: tendencias regulatorias en América Latina, que relevó leyes y proyectos de 11 países de la región entre junio de 2024 y septiembre de 2026. El estudio advierte que los mecanismos de verificación de edad pueden afectar la privacidad y la libertad de expresión no solo de los chicos, sino también de los adultos.

La principal preocupación es que, para distinguir quién cumple el requisito de edad, el servicio también tiene que comprobar la edad de las personas adultas. Esto implica que todos los usuarios no solo los menores deban entregar información personal o validar su identidad ante el Estado para acceder a un servicio.

Marina Meira, coordinadora de Políticas Públicas de Derechos Digitales y autora del informe, explicó el riesgo: “Si esos datos se conservan o se cruzan con otros registros, podrían permitir reconstruir qué plataformas usa cada usuario, además de que pueden quedar expuestos en una filtración de datos”. La advertencia no es abstracta: en Argentina ya hubo filtraciones del propio Renaper y ciberataques a entidades como el PAMI y la Comisión Nacional de Valores.

Meira también señaló que si el sistema permite reconstruir un historial de dónde y cuándo se comprobó la edad de cada persona, puede convertirse directamente en una “herramienta de vigilancia”.

Especialistas consultados por Clarín señalaron otras inconsistencias del texto. Luis García Balcarce, abogado especializado en derechos digitales, advirtió que el proyecto tiene dos estándares distintos para revelar la identidad de un usuario: un artículo exige un requerimiento judicial fundado, mientras que otro, ante denuncias por estafa, obliga a entregar esa identidad “de forma inmediata, sin hablar de requerimiento fundado”. “El estándar tendría que ser uno solo y bien claro”, sostuvo.

También cuestionó la categoría de “cuentas de uso meramente consultivo o sin interacción”, que el texto exceptúa: “¿Dar un like es interactuar? ¿Y mirar productos en un marketplace? Esa definición es importante porque determina a cuánta gente alcanza la ley”.

El proyecto todavía no está vigente. Se encuentra en instancia de tratamiento en comisiones de la Cámara de Diputados. Si se convierte en ley, las plataformas tendrían 180 días para adaptar sus sistemas. Las que incumplan podrían recibir apercibimientos, multas o suspensiones temporales de sus servicios en el país.