La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó al Poder Ejecutivo hacer públicos los resultados de todos los establecimientos educativos e instituciones de la provincia de Salta que participaron en los Operativos Aprender y Enseñar de 2016 y 2017 .

La decisión hizo lugar a un amparo presentado por un ciudadano y contó con las firmas de los jueces Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, junto a los conjueces Vallefín (La Plata) y Perozziello Vizier (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la Capital Federal). El juez Carlos Rosenkrantz votó en disidencia .

El conflicto judicial comenzó en 2019, cuando Rafael Aurelio Argañaraz Olivero padre de un estudiante demandó al Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación para acceder a “la totalidad de los Reportes de Resultado correspondientes a todos los Establecimientos Educativos o Instituciones de la Provincia de Salta que hayan participado de los Operativos Aprender y Enseñar 2016 y 2017” .

En ese momento, la Secretaría de Evaluación Educativa rechazó el pedido por considerarlo confidencial y solo ofreció cifras a nivel municipal .

Ante la Justicia, el Estado sostuvo que publicar esos reportes frustraría una investigación estadística y permitiría armar un ranking de escuelas “no solo por los resultados de la evaluación sino también por la condición de migrantes, indígenas, pobres y analfabetos” de los alumnos o sus familias .

El planteo prosperó en primera instancia, pero la Cámara Federal de Salta revocó ese fallo y ordenó entregar los informes sin datos personales de estudiantes ni docentes. El Gobierno apeló esa decisión ante el máximo tribunal .

Al confirmar la entrega de la documentación, la Corte rechazó el criterio de secreto estatal porque “la información pertenece a las personas: no es propiedad estatal y el acceso a ella no se debe a una gracia o favor del gobierno” .

En el fallo, los magistrados recordaron el valor del control ciudadano: “no puede olvidarse que el fundamento central del acceso a la información en poder estatal consiste en el derecho que tiene toda persona de conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan” .

Para el voto mayoritario, los operativos Aprender y Enseñar “no son una gracia o favor del gobierno hacia la comunidad” sino que “reflejan la implementación de un mandato expreso contenido en normas constitucionales y legales” .

Por eso descartaron los temores del Ejecutivo: “hacer pública la información requerida apunta a efectivizar la ‘igualdad real de oportunidades’ antes que a estigmatizar alumnos y docentes” . Además, consideraron que detallar los resultados por escuela “persigue un interés público de particular trascendencia, cuyo control democrático parece ineludible” .

El tribunal señaló también que conocer los datos por establecimiento permite verificar el cumplimiento de derechos básicos, ya que “acceder a sus resultados permitiría cotejar que el Estado Nacional haya dado cumplimiento con su deber de garantizar, efectivamente, el derecho constitucional de los pueblos originarios a acceder a una educación bilingüe e intercultural” y de “asegurar las condiciones materiales y culturales para lograr aprendizajes comunes de buena calidad, con independencia del origen social, radicación geográfica, género o identidad cultural de cada estudiante” .

La Corte aclaró que el acceso a la información “no es un derecho absoluto” y debe proteger la intimidad y el honor de los participantes. Sin embargo, cerró la discusión porque esa salvedad “deja huérfano de todo sustento las argumentaciones desarrolladas por la parte demandada” .