El Senado de la Nación convirtió en ley este jueves la adhesión de Argentina al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) , con 47 votos a favor, 22 en contra y ninguna abstención. La votación se resolvió con el respaldo de La Libertad Avanza y los bloques dialoguistas, mientras que el peronismo rechazó la iniciativa en su totalidad.
Se trata de un tratado que Argentina había firmado en 1970 y que el Senado había aprobado con media sanción en 1998, pero que nunca terminó de ratificarse por la resistencia de los laboratorios nacionales. El tema se reactivó este año como parte de los compromisos asumidos en el acuerdo comercial con Estados Unidos, lo que le dio al oficialismo el impulso político que le faltaba.
El texto que finalmente se convirtió en ley no es el tratado original completo. En agosto, la Cámara de Diputados incorporó una modificación clave: la reserva del capítulo II, que es el apartado que habilita los exámenes preliminares internacionales —no vinculantes— sobre los requisitos de patentabilidad de una invención.
Esa reserva fue el mecanismo que encontró el Gobierno para sortear el lobby de los laboratorios nacionales, que consideraban que ese capítulo podía usarse para presionar a favor de patentes extranjeras y de prácticas de monopolio en perjuicio de la producción local. La industria farmacéutica argentina temía, en particular, la estrategia conocida como “evergreening”: patentar cambios menores en medicamentos ya existentes para extender artificialmente la exclusividad por 20 años más y bloquear la competencia.
Como la Cámara Baja lo votó con esa modificación, el texto tuvo que volver al Senado para su ratificación definitiva, que se concretó este jueves.
Qué cambia y qué no en las farmacias
La pregunta más inmediata es qué implica esta ley para quien va a la farmacia. La respuesta rápida, coinciden los especialistas, es que no hay un cambio automático en los precios ni en la oferta de medicamentos a corto plazo.
Sin embargo, el impacto se juega en el mediano y largo plazo, y depende de dos organismos que conservan sus facultades intactas:
- El INPI (Instituto Nacional de Propiedad Industrial) seguirá siendo el ente que decide qué patentes se protegen en Argentina y con qué alcance. El tratado no le quita esa potestad: una empresa extranjera que llegue con una patente tramitada vía PCT igualmente deberá pasar por el INPI, que evaluará si la invención es nueva, implica actividad inventiva y tiene aplicación industrial.
- La ANMAT continuará autorizando la comercialización sanitaria de cada medicamento, como hasta ahora.
El punto que genera mayor incertidumbre es la coexistencia entre medicamentos innovadores y biosimilares. Según Clarín, los medicamentos “originales” podrán convivir con los biosimilares que los hayan tomado de modelo en algunos casos puntuales en que el INPI lo habilite de ese modo. Cuando aparezcan esos biosimilares y sean autorizados, la diversificación de la oferta podría tender a una baja de precios.
Las advertencias más fuertes provinieron de la oposición y de los laboratorios nacionales. El jefe del bloque peronista, José Mayans, sostuvo que el tratado “va en contra de la industria argentina en materia de genéricos” y afirmó que “todos los expertos” coinciden en que llevará a aumentos de entre el 30% y el 40% en el precio de los medicamentos que ya están “carísimos”.
El chaqueño Jorge Capitanich fue más allá y cuestionó el origen de la medida: “Durante más de 50 años la Argentina rechazó el Tratado como política de Estado. Su tratamiento no nace de una necesidad interna, llega impuesto claramente por un acuerdo comercial con los Estados Unidos”.
Desde el sector empresario, la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) advirtió que las patentes por cambios menores —el evergreening— son “uno de los principales problemas” para la fabricación de genéricos y biosimilares, porque preservan monopolios y obstaculizan durante años el ingreso de competidores. La entidad destacó que la producción nacional de alternativas permitió ahorros estimados en US$ 3.321 millones durante 2025 y puso como ejemplo un biosimilar de pembrolizumab que resultó 60,3% más barato que el original.
El Gobierno y los laboratorios extranjeros, en cambio, sostienen que el PCT facilitará la llegada de tratamientos innovadores que hoy no existen en el mercado local y que podrían venderse en Argentina en plazos más cortos.
Más allá de la discusión por los precios, el tratado modifica la ecuación de poder entre el INPI y las farmacéuticas multinacionales. Según Clarín, hasta ahora el INPI venía rechazando buena parte de los pedidos de patentes de multinacionales farmacéuticas, algo que quienes promovieron el PCT atribuían a presiones de la industria nacional.
Con la adhesión, esas empresas podrán presentar sus solicitudes a través de un sistema internacional simplificado que les permite tramitar la protección en casi 160 países con una sola presentación inicial, aunque la decisión final sobre cada patente seguirá en manos del INPI.
La oposición advirtió que ese mayor flujo de solicitudes podría desbordar la capacidad técnica del organismo: Mayans habló de un “boom” de hasta 50.000 patentes que el Estado no estaría preparado para analizar con eficacia.
El PCT empezará a regir para Argentina tres meses después de que el Gobierno deposite el instrumento de adhesión ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) . A partir de ese momento, una empresa argentina podrá usar el sistema para pedir patentes en el exterior, y una compañía extranjera podrá hacer lo propio para buscar protección en Argentina.
Mientras tanto, el precio de los medicamentos no subirá ni bajará por decreto. Dependerá de cómo el INPI ejerza su facultad de conceder o rechazar patentes, de la velocidad con la que la ANMAT autorice biosimilares y de las condiciones de competencia que se den en cada segmento del mercado.